Bildu se gasta el presupuesto de sus ayuntamientos en pagar a los etarras

San Sebastián financia talleres de sexualidad para reclusas. Mondragón costea los viajes de los familiares a los centros penitenciarios. Pasajes y Guernica dedican sus fiestas a etarras encarcelados.

E. Morales y J. E. Pflüger. Madrid

 
Los ayuntamientos gobernados por la formación proetarra Bildu han convertido el apoyo a los presos de la banda terrorista ETA en una de sus preocupaciones principales en la gestión municipal. Muchas de las localidades que dirigen tienen sistemas de ayuda y apoyo a los familiares de los presos. En la mayoría, heredados de las políticas llevadas a cabo por su antecesora, la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV).
 
Tras las elecciones del 22 de mayo, la heredera de ANV se hacía con casi 100 alcaldías entre el País Vasco y Navarra, algunos de los municipios más importantes de la Comunidad Autónoma Vasca eran conquistados por la formación separatista tras el visto bueno que el Tribunal Constitucional dio a su presentación. De esta manera se les permitió gestionar 1.621 millones de euros, contando con la Diputación Foral de Guipúzcoa y el consistorio donostiarra. La mayoría de estos ayuntamientos han hecho especial hincapié en fomentar el contacto de la ciudadanía con los presos terroristas. Estas iniciativas van desde la ayuda económica a los familiares para que visiten a los reclusos hasta la celebración de actos de solidaridad, pasando por la propaganda en sus páginas web oficiales.
 
Así, en San Sebastián, el municipio con mayor número de habitantes gobernado por Bildu, su alcalde, Juan Carlos Izaguirre, apareció en público durante las fiestas de Vitoria junto con dos representantes de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA.
La corporación utiliza el dinero de los donostiarras para financiar programas de apoyo a presas de ETA en Martutene. Los talleres de ayuda están dirigidos a tres áreas fundamentales: masajes y conciencia corporal; desarrollo personal; y salud y sexualidad. Además, el consistorio subvenciona otras actuaciones dirigidas al colectivo de mujeres presas, como funciones de teatro y talleres
profesionales.
 
En Mondragón, uno de los grandes municipios vascos de Bildu, con un presupuesto superior a 33 millones de euros, se subvencionan los gastos de desplazamientos de los familiares de los etarras que tengan como objetivo las visitas a las cárceles. El ayuntamiento paga 0,10 euros por kilómetro recorrido entre la localidad y el centro penitenciario, y la subvención es compatible con cualquiera que se obtenga por otra Administración para este fin. El presupuesto para la visitas a etarras es de 20.000 euros.
El portal en Internet del Ayuntamiento de Oyarzun, un pueblo guipuzcoano de cerca de 10.000 habitantes, aparece decorado con el típico emblema reivindicativo de los etarras en el que se pide el acercamiento de los presos de la banda al País Vasco. La página web no tiene traducción al castellano.
 
En Astigarraga, un pequeño municipio guipuzcoano en el que Bildu consiguió mayoría absoluta el pasado 22 de mayo, una de las primeras decisiones "de urgencia" del Pleno municipal fue la de condenar el juicio de Bateragune. Este proceso se sigue contra Arnaldo Otegui y otros siete miembros de la izquierda abertzale –entre ellos, un ex concejal del municipio– por su presunta participación en la reactivación de la cúpula de Batasuna siguiendo instrucciones de la banda terrorista ETA.
La moción fue respaldada por los siete concejales de Bildu y contó con el voto en contra del edil de Hamaikabat y con las abstenciones de los dos concejales del PNV. En el texto aprobado en el Pleno del 30 de junio se incluyen duras críticas al "Estado español" y a su "profundo déficit democrático", se llama a la movilización ciudadana y se ofrece la ayuda económica necesaria para poder pagar los gastos del juicio.
 
Los responsables de Bildu en Bermeo, un municipio vizcaíno de 17.000 habitantes, también se vuelcan con los colectivos de presos y con los familiares de estos. En su página web, ofrece como servicio municipal un vínculo a una asociación local –Bermeorant– cuyo objetivo es el acercamiento de los presos bermeanos al País Vasco. En el municipio de Pasajes, durante sus fiestas, el pasado mes de julio, el día 30 estuvo dedicado a los presos y lo que ellos denominan "refugiados".
En el programa publicado por el ayuntamiento se podía leer: "Queremos también hacer una mención especial a los que, por una razón u otra, no pueden celebrar estas entrañables fiestas con nosotros: marinos, enfermos, trabajadores, presos y refugiados políticos, residentes en el extranjero… Nuestro saludo más cordial y emotivo para ellos". Finalmente, en Guernica, municipio emblemático del separatismo vasco, mañana martes, en el marco de las olimpiadas de cuadrillas, dentro de las fiestas locales, está convocado para la noche un "Pasacalle a favor de los derechos de los presos vascos, partiendo de la plaza del ayuntamiento".
 
Solicitud
 
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han solicitado una reunión con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para hacerles llegar su malestar y denunciar, además de hacerlo públicamente, el apoyo que Bildu está haciendo a los presos de la banda terrorista ETA. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) tiene la intención de mostrarles los casos de lo que ellos consideran una "conducta reiterada de defensa de los postulados y el mundo etarra".
 
Según Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, "lo que está haciendo Bildu es repugnante", y califica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "cómplice" del Tribunal Constitución al permitir la entrada del entorno terrorista en las instituciones.
Las acciones a las que se refieren desde la AVT son tan llamativas como la complicidad del diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, ambos miembros de Bildu, que aprovecharon las fiestas de Loyola en el municipio guipuzcoano de Azpeitia para intercambiar saludos con grupos de apoyo a los presos de la banda. 
 
 
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/politica/los-ayuntamientos-bildu-priorizan-sus-ayudas-municipales-los-preso

ETA exige cuatro millones anuales para no seguir con el «impuesto Revolucionario»

 La banda cifra en esa cantidad la «ayuda de apoyo al alto el fuego»
 

¿De qué vive ETA desde que anunció, a finales del pasado mes de abril, que dejaba de enviar cartas de extorsión a los empresarios? Es un hecho que la banda sigue activa, que trabaja para reorganizar su «aparato logístico» en Francia, que alquila pisos en territorio galo, compra material para bombas en Italia, etcétera.
 

El bar Faisán es considerado el centro desde el que se gestionaba el «impuesto revolucionario»

 

14 Agosto 11 - Madrid - J. M. Zuloaga

 La teoría más extendida entre los expertos que creen en las «buenas intenciones» de la banda al anunciar el alto el fuego (que cada vez son menos) es que está «tirando de los ahorros».

Otros, menos crédulos (su número crece día a día), piensan que el anuncio de abril no incluía a los empresarios deudores, a los que tenían cuotas pendientes de pagar de años anteriores. Para cobrar a estos industriales se habría utilizado, en más de una ocasión, el conocido sistema mafioso del «secuestro express», que consiste en retener a la víctima algunas horas, hasta que sus familiares o él mismo, garantizan el pago de las «deudas».

Hay un dato sobre el que llaman la atención estos expertos, contenido en el documento que sirve de guión al «proceso» que está en marcha, que ha permitido, de momento, la legalización de Bildu, con la consiguiente recuperación por parte de ETA de su «Frente Institucional», prácticamente inactivo desde la ilegalización de Batasuna, en marzo de 2003, ratificada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo en junio de 2009.

En ese documento estaba la alianza con Eusko Alkartasuna para la formación de la citada coalición, lo que acredita su virtualidad. De hecho, fue tomado en consideración por el Supremo para ilegalizar Bildu, antes del que el Constitucional adoptara una decisión en sentido contrario.
En el documento, ETA decía textualmente que necesitaría «apoyo económico para llevar su alto el fuego al ámbito del impuesto. Se analizarán en principio las ofertas que pueden venir del ámbito internacional en una situación así. Como consecuencia de cerrar el frente del impuesto, ETA exigirá ayuda de apoyo al alto el fuego de 4 millones de euros anuales». Es decir, que la banda pedía la entrega de esa cantidad, el doble de su presupuesto anual (cifrado en unos dos millones, según documentos intervenidos a la banda en Francia) para cesar en el chantaje a los empresarios. Y, además, pedía que el dinero le llegara a través de instancias internacionales, aunque habría pocas dudas de las arcas, según los planes de los terroristas, de lo que debían salir esos cuatro millones. Tampoco detallaba durante cuántos años habría que financiar a los pistoleros, o si se trataba de algo permanente o para unos cuantos años.

Exigencias
Los expertos consultados por LA RAZÓN subrayan que se trata de un plan de ETA y que no tienen noticias de que ese dinero, o parte del mismo, haya llegado a la banda. Sin embargo, agregan, no es algo que se pueda echar en saco roto. Si los teóricos etarras lo han puesto negro sobre blanco será por algo. Además, está en un documento en el que hay cuestiones que ya se han cumplido; y otras, en especial las relativas a los presos, que el entramado de la banda reclama un día sí, y el otro también, como la derogación de la «doctrina Parot», el acercamiento de los reclusos al País Vasco y que todos los internos estén en libertad en un plazo máximo de cinco años. Siempre que, en el plano teórico, se ha planteado el fin de ETA, uno de los asuntos más peliagudos ha sido el de la «recolocación» de los pistoleros, unos individuos no habituados al trabajo de todos los días a cambio de sueldos mileuristas que se sienten señalados por el pueblo vasco como sus salvadores y que, por lo tanto, deben tener su compensación económica. Los cuatro millones de euros que exigen tienen su explicación desde esta óptica.
 
http://www.larazon.es/noticia/8496-eta-exige-cuatro-millones-anuales-para-no-seguir-con-el-impuesto-revolucionario

Bildu tendrá acceso a los datos fiscales de todos los españoles

LIBERTAD DIGITAL

 

Como todo parece indicar, finalmente Bildu se hará con el control de la Diputación foral de Guipúzcoa. Amén del fracaso para la lucha antiterrorista que supone la sola irrupción de este partido en las instituciones, traerá otras consecuencias ciertamente preocupantes.
En primer lugar, Bildu podrá hacer uso del convenio que le permite "el acceso directo a las bases de datos" y el "intercambio de datos de forma inmediata" de la Agencia Triubutaria. O lo que es lo mismo: tendrá acceso a los datos fiscales de todos los españoles, y no habrá forma de evitarlo.
 
Y esto será posible gracias a la firma de un convenio, que se rubricó cuando ya se conocían los espectaculares resultados de Bildu en las pasadas elecciones del 22 de mayo, y era más que previsible que se haría con el control de la Diputación foral. Según El Mundo este convenio se firmó el 26 de mayo por el entonces director general de la Agencia Tributaria y nuevo secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo. También lo firmó Pello González, diputado de Hacienda en funciones, que será relevado por un representante de Bildu si finalmente logra la presidencia foral. La explicación que han dado al diario de Unidad Editorial para justificar la firma tras los comicios es que se hizo así por "una cuestión de agenda".
 
El convenio, literalmente, comprende el "intercambio de información tributaria entre las dos administraciones de forma electrónica e inmediata y el acceso directo a las bases de datos de ambos organismos, y siempre manteniendo el carácter reservado de los mismos así como su única utilización para la efectiva aplicación de los tributos", asegura la nota de prensa.
 
Uno de los puntos clave del convenio es el de la "colaboración para le verificación del domicilio fiscal", especialmente en el caso de las personas físicas, a las que se le exige un gran número de datos personales, que a buen seguro muchos ciudadanos no querrían ver en manos de Bildu. En concreto, se exige que las personas físicas faciliten: el domicilio declarado, el domicilio del padrón, inmuebles de su propiedad, consumos de agua, electricidad, gas y teléfono, domiciliaciones bancarias, declaraciones testificadas de vecinos, porteros, administradores de fincas, municipio en el que se desarrolla la actividad, residencia habitual del cónyuge e hijos menores... Datos que Bildu podrá solicitar con total legalidad.
 
David Pla, uno de los etarras más buscados dirigirá Bildu
 
Por otro lado, los lazos que unen a Bildu con la cúpula etarra cada vez resultan más evidentes. Muestra de ello es el etarra David Pla, que según ABC controlará los movimientos que lleve a cabo Bildu en las instituciones en las que ha irrumpido.
 
Pla, abogado de formación, ya fue detenido en Francia en 2010 aunque fue puesto en libertad poco después, lo que aprovechó para incorporarse a la cúpula de la banda terrorista. A través de esta estructura diseñó la hoja de ruta para crear Bildu, tal y como probó la documentación que le incautaron al detenerle. A partir de ahora, uno de los etarras más buscados –que la Guardia Civil ha incorporado recientemente a las listas de los más buscados- controlará y dirigirá las decisiones que Bildu adopte en las instituciones.

Bildu pasa a controlar toda la recaudación de la Diputación de Guipúzcoa

 
Martín Garitano, el candidato de Bildu, será hoy casi con toda seguridad investido diputado general de Guipúzcoa con el apoyo de Aralar. Recibirá en el Pleno de las Juntas Generales la venera y el bastón de mando de manos de Markel Olano (PNV). De esta manera, la izquierda independentista se hará con la institución más importante que ha gobernado en toda su historia y manejará un presupuesto de 800 millones de euros. Nadie en la coalición formada por la izquierda nacionalista, EA y Alternatiba quiso vender la piel antes de cazar el oso, alegando que en política las sorpresas pueden darse hasta el último minuto. La posibilidad de que el PSE vote hoy a Markel Olano (PNV) como diputado general quedó dinamitada tras la defenestración de los socialistas de las alcaldías de San Sebastián, Andoain y Lasarte.
 
El PNV podía haber evitado que el PSE perdiera estos municipios, a cambio de un apoyo socialista a los nacionalistas en la Diputación. Los peneuvistas no solo no apoyaron a los socialistas en estos municipios, sino que se aliaron con Bildu en Lasarte-Oria para desplazar al PSE, la lista más votada, lo que acabó con cualquier entendimiento de cara a la investidura del diputado general.
 
Poder casi absoluto
 
La falta de acuerdo posibilitó que Bildu haya logrado un poder municipal casi absoluto, control que se trasladará a las mancomunidades y al consorcio de residuos.
 
El Pleno de hoy será largo y en el mismo se presentarán cuatro candidatos a diputado general: Martin Garitano (Bildu), Rafaela Romero (PSE), Markel Olano (PNV) y Juan Carlos Cano (PP). Se realizarán dos votaciones. Si en la primera uno de los aspirantes obtiene la mayoría absoluta, será elegido directamente diputado general. Esta situación no se dará. Por tanto, será necesaria una segunda vuelta y en esta bastará con lograr la mayoría simple. De esta forma, Garitano saldrá elegido diputado general con las 22 papeletas de Bildu y la de Aralar, en tanto que Olano recibirá las 14 del PNV, Romero las 10 del PSE y Cano las 4 del PP.
 
Este último lamentó ayer que los últimos esfuerzos realizados por su grupo el martes pasado, con el fin de acercar las posturas de PNV y PSE, hayan resultado en vano.
 
Aralar, por su parte, mostró su «sorpresa» ante la negativa de Bildu de suscribir un acuerdo de colaboración de cara a toda la legislatura, pacto que no conllevaría la entrada en el Ejecutivo foral. No obstante, anunció que votarán a favor de Garitano como muestra de su voluntad de seguir negociando y «alcanzar un acuerdo por la paz». El nuevo equipo tendrá que gobernar en minoría. Bildu contará con la fuerza de sus 22 diputados, a los que podría sumar el de Aralar. Es decir, 23 miembros en una Diputación formada por 51 . Este reparto obligará a negociar el presupuesto y todas las demás normas forales.