El Tribunal Supremo ha anulado la norma que regulaba la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha dado la razón al Gobierno vasco al considerar que debería haberse sometido a los informes previos de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado.
El Gobierno vasco recurrió el Real Decreto que en 2007 aprobó el protocolo de intervención de la UME, en el que se establecen las misiones de esta unidad y las situaciones de emergencia en las que debe intervenir, como en la lucha contra los incendios forestales, entre otros aspectos.
Esta Unidad, encuadrada en el Ministerio de Defensa, fue creada en octubre de 2005 y tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a la Ley de Defensa Nacional.
En una sentencia, la Sala de lo Contencioso del TS explica que para esta regulación no se recabó el informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, trámite que considera esencial, y se omitió además el informe del Consejo de Estado, que es preceptivo, lo que provoca la nulidad de pleno derecho del Real Decreto impugnado. La Sala rechaza los argumentos del abogado del Estado respecto a que se trataba de un reglamento meramente organizativo y de que no afectaba a la seguridad de personas o bienes, en cuyo caso no serían necesarios estos informes.
El Alto Tribunal establece que se trata de un reglamento ejecutivo y señala que lo que predomina en la norma "no es precisamente la organización de la unidad, y sí cuando actúa, cómo actúa, cómo se relaciona, qué efectos produce su intervención respecto a otras autoridades y respecto a las personas". Incluso, añade la sentencia, el Real Decreto regula la responsabilidad frente a terceros de sus actuaciones en relación tanto con la Administración del Estado como con otras administraciones, y se atribuye a los miembros de la UME el carácter de agentes de la autoridad.
"Cuestiona la forma"
El Ministerio de Defensa ha argumentado que recibió esta mañana la notificación de la sentencia y está estudiando los argumentos jurídicos de la misma
Preguntada por la sentencia tras la reunión del Consejo de Ministros semanal, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha indicado que "el Gobierno acatará la sentencia, que no valora el fondo de la creación de la UME, sino que determina la anulación de la forma, así que habrá que subsanar la normativa en la dirección que establece la sentencia del Tribunal Supremo".
A su vez, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo de anular el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) evidencia la "precipitación" del Gobierno y el "tiempo político" que el propio Ejecutivo marcó en la constitución de esta fuerza conjunta, porque "había que sacar la unidad a toda consta".
El secretario general de la asociación con mayor número de militares en activo, Mariano Casado, ha inferido que "esto ha llevado a saltarse la ley", por lo que ha subrayado que "aún queda pendiente" de resolver un tema que su propia asociación denuncia desde que se aprobó la creación de la UME y son "las dificultades competenciales" de dicha fuerza conjunta porque sus misiones "pueden entrar en conflicto" con las atribuciones de las comunidades autónomas.